La Federación de Productores Agrícolas y Asociaciones Campesinas del Suroeste (FEPROASUR), la Articulación Nacional Campesina(ANC), la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) y la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos(CNDH) reclamaron hoy al presidente Luis Abinader la terminación del contrato de arrendamiento y cooperativización del Ingenio Barahona, así como la destitución inmediata de César Cedeño como Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales.
Las organizaciones sustentan sus reclamos en lo que llaman acumulación de abusos y corrupción del Consorcio Azucarero Central (CAC) contra los trabajadores y productores agropecuarios del Ingenio Barahona y sus zonas aledañas con el apoyo y complicidad de la dirección ejecutiva del CEA.
Dicen que los más recientes abusos del consorcio azucarero son la destrucción en las madrugadas de miles de tareas de tierras sembradas de plátanos, guineos, limones, aguacates y otros frutos menores que por décadas han servido de sustento a cientos de familias campesinas de la Provincia Bahoruco y la Región Enriquillo.
De igual modo las organizaciones reclamaron que se le dé curso a las denuncias de corrupción contra el ingeniero Virgilio Pérez Bernal del Consorcio Azucarero Central(CAC) y los anteriores directores ejecutivos del CEA, que se confabularon con la empresa guatemalteca para afectar al patrimonio público y la población de la zona.
Recuerdan que recientemente los campesinos reclamaron que se declare nulo el contrato de arrendamiento y su enmienda no. 3 mediante la cual se cometió una grave estafa contra el Estado Dominicano.
Las organizaciones reiteraron su propuesta de que el Ingenio Barahona debe pasar a manos de los trabajadores y los productores Campesinos organizados en una Cooperativa Agropecuaria de Producción y Trabajo para lo cual ya se están dando los pasos correspondientes con la participación de todas las fuerzas vivas organizadas de la Región Enriquillo.
Agregan que la recuperación y cooperativización del Ingenio Barahona es la única alternativa real para detener los abusos contra los campesinos, laborales, violaciones a los derechos humanos y crímenes ambientales de parte de la empresa guatemalteca, así como lograr el desarrollo integral de la zona más pobre de la República Dominicana.
Las organizaciones campesinas y sociales concluyeron diciendo que no van a permitir que los contribuyentes invirtamos más de 500 millones de dólares, suma superior a los 30 mil millones de pesos en construir la Presa de Monte Grande para que solo se beneficie a un grupito de empresarios extranjeros que lo que pretenden es tomar todas las tierras de la zona para el monocultivo de la caña, seguir con el empobrecimiento y los abusos contra la población de las comunidades de la Región Enriquillo.
