Hugo Álvarez Pérez, ex presidente de la Cámara de Cuentas y la firma de abogados Inteligencia Legal SRL, representada por Julio Cury y Jennifer Rodríguez Gómez, habrían realizado una operación fraudulenta que envolvió la suma de poco más de cuatro millones de pesos, por la elaboración de un contrato de servicios para asumir la defensa del ex funcionario ante la decisión del Ministerio Público de iniciar una investigación en su contra, según consta en la certificación entregada por la División de Compras y Contrataciones de la entidad fiscalizadora del Estado.
El documento, emitido por Félix Colón Peña, encargado de la División de Compras y Contrataciones de Cámara de Cuentas, en fecha 26 de mayo de 2021, deja claro que el contrato requiriendo los servicios de la firma legal no cumple con lo establecido en la Ley 340-06, en tanto ´´no ha sido notificado ni registrado proceso alguno´´ relativo a la contratación de la firma de abogados Inteligencia Legal, SRL, así como los servicios del también abogado Francisco Franco Soto, para resolver la misma situación´´.
Según consta en la certificación 007523/2021 del 10 de junio, la directora financiera interina de la entidad expresa que mediante el oficio 003685/2021, del 26 de marzo del año que transcurre, el ex presidente de la Cámara de Cuentas ´´solicitó la elaboración de los cheques de pago, relativos a la contratación de los servicios profesionales de la firma de abogados Inteligencia Legal SRL y de Francisco Franco Soto, a los fines de representar a la Cámara de Cuentas ante los Tribunales de la República´´.
No obstante, en la misma fecha y avalado por la certificación 007520/2021, se advierte al ex presidente de la Cámara de Cuentas que, según lo expuesto por el auditor interno era imposible seguir con el proceso de pago correspondiente a honorarios legales, en virtud de que dicho contrato no cumplía con lo establecido en la Ley 340-06, pero Álvarez Pérez hizo caso omiso.
El entonces presidente de la entidad fiscalizadora recordó, ante los requerimientos de auditor interno, que aun cuando esa instancia se oponía a la realización de los pagos, no se cumplió con el mismo rigor, ´´cuando se contrataron los servicios del licenciado Cristóbal Rodríguez, cuyo pago fue realizado en moneda extranjera (dólares), por la Cámara de Cuentas para asistir a la licenciada Margarita Melenciano Corporán por una demanda en su contra ante el Tribunal Constitucional, y no se tomaron en cuenta los parámetros de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones´´.
El pasado 25 de marzo, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprueba la contratación de la referida firma de abogados y a Franco Soto para su representación legal ante los tribunales , a fin de dejar sin efecto las acciones iniciadas por el Ministerio Público, por lo que se pagaría la suma de cuatro millones 500 mil pesos, más ITBIS.
Ambos contratos fueron firmados por Álvarez Pérez y legalizados por el notario público Alejandro Deves Yamin.
Según el documento emitido por Cámara de Cuentas, en la certificación 007391/2021, de fecha 8 de junio, la directora financiera interina de la entidad indica que ´´en sus archivos reposan copias de los cheques Nos. 050997 y 051011 de fecha 26 mes marzo y 8 de abril de 2021, respectivamente, emitidos por Cámara de Cuentas a favor de la firma de abogados Inteligencia Legal SRL, y el cheque No. 050995, del 26 de marzo de 2021, emitido por Cámara de Cuentas a favor del abogado Francisco Franco Soto, autorizados y emitidos por instrucciones del Pleno de la Cámara de Cuentas a los fines de la representación de la Cámara de Cuentas en los Tribunales de la República´´.
Sin embargo, la certificación de fecha 9 de junio de 2021, suscrita por el licenciado Juan de Jesús Moquete, director de Auditoría Interna de la entidad es contundente cuando expresa que, ´´los pagos realizados a la oficina de abogados Inteligencia Legal SRL y al señor Francisco Franco Soto no cumplen con las disposiciones de la Ley 340-06 de fecha 18 de agosto de 2006, modificada y su reglamento de aplicación 543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012´´.
Según una nota publicada por el diario digital Acento.com.do, este lunes a las 10 de la mañana será depositada una acusación en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) contra Hugo Álvarez Pérez, y el abogado Julio Cury, por el supuesto desfalco de más de 4 millones de pesos contra el Estado dominicano.
Acento.com.do indica que, según la Fundación Rojas Nina, que presentará la querella por ante el Ministerio Público, para la PEPCA poner en marcha la investigación contra Álvarez Pérez, éste se valió de los recursos públicos para enfrentar una situación legal que concernía a su persona y no a la Cámara de Cuentas.
