La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional pospuso para este jueves la audiencia de medidas de coerción a los implicados en la Operación Coral.
Kenya Romero adopto la decisión después que el Ministerio Público terminó su exposición y pidió, además que se declare el caso complejo, una coerción de 18 meses de prisión en la carcel preventiva de Najayo, San Cristóbal.
Los acusados son, el mayor genera exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo esta acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según el Ministerio Público los acusados “crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”
Según la acusación de la Pepca, los implicados “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
El Ministerio Público afirma que el grupo habría convertido dinero en una empresa disfrazada de asociación, que habría realizado operaciones millonarias típicas de una organización empresarial.
La Pepca sostiene que los implicados crearon una empresa para presuntamente adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque “su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas”.
