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jueves, marzo 28, 2024

Organizaciones denuncian racismo y xenofobia del gobierno contra los inmigrantes haitianos

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Un conjunto de organizaciones denunciaron hoy las medidas impuestas por el gobierno contra la comunidad inmigrante haitiana como una violación de los derechos humanos.

Aseguran que se trata de una estratagema del gobierno para intentar tapar los escándalos de corrupción y los ajustes económicos antipopulares que aplica, como el tarifazo eléctrico, el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, el escándalo de los Pandora Papers, la  presunta corrupción del ministro Macarrulla, los recortes presupuestarios de 2022 a la salud y la educación superior, el antidemocrático proyecto de Código Penal, la destrucción ambiental a manos de megamineras, la continuidad de las exenciones de impuestos a los grandes capitalistas de las zonas francas y el turismo, entre otros.

Las organizaciones se refieren a las medidas anunciadas el 3 de noviembre, que consisten en auditar el Plan Nacional de Regularización, establecer 38 oficinas a nivel nacional para identificar y perseguir a personas inmigrantes, limitar la contratación de inmigrantes, prohibir el acceso a hospitales a personas inmigrantes sin visa de residencia vigente y la suspensión indefinida del programa de visas para estudiantes universitarios haitianos.

Plantean que estas medidas, además de afectar a la comunidad inmigrante, también penaliza a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizadas y abandonadas en el limbo de la apatridia luego de la sentencia 168-13, ya que en los hechos el gobierno trata a ese sector de la población dominicana como si se tratase de inmigrantes indocumentados.

 

Consideran que el argumento oficial de “proteger” al país de las bandas criminales del vecino país es inválido, pues “dichas bandas no operan en la República Dominicana” y agregan que las medidas “son parte de una política sistemáticamente racista y xenófoba, que amenaza con hundir a la República Dominicana en un régimen parecido al apartheid”.

En este sentido citan otras medidas tomadas desde principios del presente año como el anuncio por parte del director General de Migración de que se aplicarían multas a quienes brindaran transporte o alquilaran viviendas a inmigrantes sin visa; la suspensión del pago de cientos de pensiones otorgadas por gobiernos anteriores a los trabajadores cañeros; la construcción de un multimillonario muro fronterizo; las masivas deportaciones arbitrarias; el plazo de 90 días para regularizar o despedir a trabajadores indocumentados; la exigencia de un seguro de salud internacional a mujeres extranjeras con 6 meses de embarazo para su ingreso al país o para acceder a los hospitales.

Todas estas medidas, aseguran ya han llevado a atropellos y abusos, como las redadas del ejército y detenciones masivas sufridas por trabajadores agrícolas tanto haitianos como dominicanos de piel negra o la acción inhumana más reciente, que ha generado alto rechazo, de agentes de migración deteniendo violentamente a centenares de mujeres embarazadas dentro de los hospitales y en sus alrededores, para deportarlas.

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