¿Qué hará el gobierno de Luis Abinader con las nóminas públicas supernumerarias? ¿Y, con el público también supernumerario del PRM y zonas conexas que esperan colocación en la nómina estatal?
Esa es la cuestión
Para enfrentar éste, que luce ser el principal problema social y político con que se han encontrado Abinader y el grupo de ricos empresarios que lo acompañan en la cúpula de su gobierno, se dispondría de dos opciones.
Mantener el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME) herencia de la corrupción y desafuero del peledeísmo, y/o, montar en adición su propio PEME para inmovilizar a la militancia del PRM.
El PEME, es esa genialidad perversa de corrupción política desde el Poder, inventada por Leonel Fernández, sin ley ni orden, y continuada por Danilo Medina (su verdadero ideólogo). Este desafuero les era posible al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque era (¿sigue siendo) un partido de cuadros.
No siendo lo mismo el PRM, éste soporta ahora junto a su gobierno, ese verdadero cilicio mortificante heredado que los castiga, a Abinader y su PRM, generando un gran problema. Tal vez, el peor problema, al que será imposible enfrentar y desbaratar con mercadología plástica de comunicación, como la que han implementado hasta ahora, para disolver en múltiples soluciones ficticias cosas un tanto difíciles.
Lo de un nuevo PEME para adicionarlo a las nóminas públicas, sería una primera opción a la que, con el avance de los plazos, parece se ha acogido el gobierno, durante sus días, las semanas y los meses ya agotados. Y ahorita, un primer año.
¿Con esa carga que ha costado al Estado, desde 1996, miles de millones de pesos cada mes, se atreverían Abinader y su grupo empresarial de gobierno a adicionar un nuevo Programa de Acción Barrial (Prodaba), como también se nombró al PEME? ¿Un nuevo Prodaba para atender las bases barriales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que empiezan a tomar las calles para que les den entrada a las nóminas oficiales?
¿Esta parte, es importante, como secundaria del dilema? Lo es, en un país donde la democracia no es más que la colocación de un voto en elecciones, ¿inducido por la ilusión del soporte de repartir a como dé lugar los fondos recaudados por el Estado desde los bolsillos de los contribuyentes?
Comisiones de empleo inservibles
Entrado ese paquete, Abinader y el PRM comenzaron con mal pie. Pensando en la repartidera del Presupuesto Nacional, instauraron las llamadas Comisiones de Empleos, antes de empezar a gobernar, con la idea de que los dirigentes y miembros de ese partido tuvieran acceso a los nombramientos. Una cronología de los hechos que componen la historia del “trabajo de tales comisiones” es un testimonial del desastre.
En enero 18, es decir, ahorita, el ministro de Administración Pública de Abinader, el perremeísta Darío Castillo, aseguró que el Gobierno no cancelará más empleados públicos.
Ahí, está la clave de la anomalía que se ha vuelto inmanejable para el régimen de Abinader. ¿No habrá nuevas cancelaciones? Adiós, carajo, y ¿dónde van a meter a sus gentes?
Eso es lo que parece tener enredado a Castillo, al indicar que las “desvinculaciones” (eufemismo por cancelaciones) de los primeros cinco meses, en las nóminas oficiales, responden al efecto propio de los cambios de gestión.
La cuestión es que la bestia de las cancelaciones por necesidad lógica del clientelismo ha asomado su hocico al lado de Abinader. La terminología “desvinculaciones” se está usando cuando se deja en el aire al empleado, pero por temor a la Ley y la falta de fondos para dar las prestaciones, se oculta que es una cancelación monda y lironda.
Ya la circular número 4295, del 7 de julio del año 2020, antes del traspaso de gobierno, el ministro de Administración Pública danilista (¿sería Ramón Ventura Camejo?), se había despachado con una retahíla de advertencias contenidas en el intrincado entramado que la Ley 41-08 de Administración Pública, pone a favor de los servidores públicos de todos los niveles, en caso de ser despedidos. Pura mala fe y premeditación como todo lo del PLD, Fernández y Danilo.
Hoy, las oficinas del Ministerio de Administración Pública se llenan con empleados estatales dejados por el anterior gobierno, golpeados por las desvinculaciones del gobierno de Abinader, en Educación, Agricultura, IAD, Aduanas, INAVI, en distintos ayuntamientos, Cancillería. Que dicen, claro, tenían hasta veinte años en labores.
Hay casos enigmáticos en el nuevo gobierno al manejar la cuestión, como el de la Cancillería, entidad que informa que eliminó cientos de “botellas”, pero donde la nómina aparece incrementada en más de 402 millones de pesos para 2021.
El de Energía y Minas dice que allí “el Gobierno ahorró más de RD$191 millones por mes al desvincular a 1,600 empleados en las empresas de energía. Toñito Almonte, el ministro, parece estar muy atorado con sus cifras.
Hay un cierto desamparo general, en los sectores público y privado, ya que figuras e instituciones como Rafael-Pepe-Abréu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (un eufemismo, también), hombre bien situado de cara al empresariado, sólo atina a culpar al COVID-19 por las 300 mil cancelaciones que dice suma el muy bien subsidiado sector privado, siempre por el Banco Central, el de Reservas, y etcétera, etcétera.
Consigna rastrera: pagar para no matar
En el año 2000, en el grupo de coacusados por el gobierno de Hipólito Mejía por el desastre armado por Fernández, con el PEME y PRODABA, se incluyó a Simón Lizardo Mézquita, sometido a la Justicia junto a otros ex funcionarios. Todavía, hoy, Lizardo Mézquita, un burócrata inveterado, es nueva vez investigado por la misma práctica de manchar la Administración Pública.
Aquella vez, fue incluido acusado por estafar al Estado con RD$1,427 millones de pesos en el Caso PEME. Hoy, le buscan la cola corrupta en distintas funciones públicas ocupadas en los gobiernos del PLD, por ser hombre que ha contabilizado sumas monstruosas de fondos públicos.
El PEME fue corrupción de primer orden, la que se quiso envolver en la consigna de Leonel Fernández de que había que “pagar para no tener que matar”. Con ese sucio argumento, Fernández y sus aláteres Diandino Peña y Lizardo Mézquita despedazaron las cuentas 1401 y Fondo 100, una millonada a distribuir según el juicio arbitrario del presidente Fernández.
Fernández, imberbe presidente, ese mismo de la ahora llamada Fuerza del Pueblo (¿?), temía a terror a las masas de su propio partido, que aturdidas seguían a Juan Bosch, aliadas a grupitos de la oposición, proclamaban su hambre en protestas y huelgas callejeras.
Fernández encontró esa única forma de pretender la herencia del liderazgo que se atribuye de siempre a Juan Bosch y Joaquín Balaguer, unidos en el padrinazgo de Fernández. Si no compraba con fondos ajenos a sus seguidores, veía que sólo quedaba la vía de la reprimir a muerte a la hambrienta población.
Danilo Medina, quien fue el ideólogo principal del PEME y el Programa de Acción Barrial (PRODABA), con su cara de “yo no fui”, se acogió a esa consigna de Fernández, aumentada, en los ocho años de sus lamentables gobiernos. Se ha considerado este accionar como uno de los mayores casos de corrupción contra el Estado, cubierto por la impunidad tradicional que ha amparado a los políticos del PLD, como a todos los políticos del país.
Todos impunes
Al ponerlo en práctica sin fundamentarlo en lo legal, estos programas del desperdicio moral contaban con dos nóminas, una llamada Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), y la otra era Prodaba, algo así como Programa de Ayuda Barrial. Por el escandaloso caso fueron apresados y sometidos a la Justicia el entonces el depredador Diandino Peña; Luis Inchausti (conocido como “El Diablo”), director del PEME (anda, por ahí, haciéndose el inocente, promovido por los no menos corruptos dueños de medios de comunicación social); la hermana deéste; el ex superintendente de Valores, Haivanjoe Ng Cortiñas, y el ex contralor General de la República, quien también fue Secretario Administrativo de la Presidencia entre los años 1998 y 2000, Simón Lizardo, entre otros. Todos sueltos y nadando en sus fortunas, tan campantes. Fueron dejados en libertad bajo una fianza de RD$15 millones, otorgada el 15 de marzo de 2002, gracias a la camarilla de jueces de flaca moral, armada también por Leonel Fernández.
El caso estuvo latente por varios años en los tribunales, pero en febrero de 2007 la Fiscalía del Distrito Nacional (también de la marca del PLD), excluyó del expediente y descargó de toda responsabilidad penal a parte del grupo. Durante el segundo gobierno de Leonel Fernández.
Con ese fardo, al cabo de más de veinte años, está cargando, sin saber qué hacer, porque los del PLD, también cambiaron las leyes, para favorecer la perpetuidad de sus guanajos. Si se los quiere “desvincular” de las nóminas está el muro de la Ley 41-08 (de Función Pública) y su reglamento 523-09. Los servidores públicos de carrera son los únicos que tienen el derecho a la titularidad del cargo. Pero, es que, al cabo de veinte años, todos lo son. El cargo les da una estabilidad, y hay que “pagar, numerosas prestaciones, para no tener que matarlos”.
Sólo que en los tiempos actuales no hay cuartos, no hay fondos, para pagar, y tampoco hay quien mate. La Ley es la Ley, por dura que sea. “Dura lex…” Y esta dureza de la Ley podría arrojar un Tribunal Superior Administrativo saturado de demandas. Y que el mismo Poder Ejecutivo y su cúpula se estrellen contra el artículo 145 de la Constitución de la República.
Gobernar con seriedad y transparencia parece que no es tan fácil como luce en tiempos de campaña proselitista.
El cambio que vivimos, trajo aparejado un cambio de nombre. Un nuevo invento.
Desvinculaciones (cancelaciones intentadas)
“Minerd (Ministerio de Educación) ha cancelado casi 40 mil empleados en últimos tres meses”, decía la prensa, ya en diciembre del 2020. Para completar con la advertencia de que los “gremios internacionales lo deploran”. Claro, el PLD salió a defender su viejo PEME.
Es que las 4,500 desvinculaciones en Industria y Comercio anunciadas en febrero 2021, incluyen a “familiares de Temístocles Montás (presidente del PLD, en la mira de la Justicia), ya que las pasadas autoridades peledeístas tenían nóminas ocultas y pagos por más de 600 millones de pesos anuales”.
En los cuatro primeros meses de gobierno el Instituto Nacional INAPA, desperdició más de 700 millones de pesos en nóminas ocultas que desconocía. La nueva gestión debió de cancelar a 3,000 empleados, para poder contratar a 2,000 nuevos.
A finales de enero 2021, sólo el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) informaba que había pagado 15 millones de pesos en prestaciones.
A finales de enero 2020, miles de empleados públicos continuaban sin cobrar sus salarios del mes en los ministerios de Educación, Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Control de Drogas, y Policía Nacional. Podrían darse miles de explicaciones que no ocultan que es una muestra (para muestra, un botón) del cinturón de fuerza que presiona al nuevo gobierno.
Otra del PLD que salió a reclamar fue la cómplice en todo lo del PEME y demás, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, dizque llamando “indolente” al gobierno. ¡Habrase visto! Y el marido de ésta, ahora en su Fupue, en banda diversa, también dice que es injusto que le cancelen su gente.
En el Instituto del Tabaco dicen que hay cancelaciones, desde octubre del 2020. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios hizo sentir su lamento.
Comisiones de empleos
Llueven las quejas de perremeístas demandando en múltiples lugares. Como en Montecristi. En el PRM se decidió la formación de las comisiones de empleos, para que sean dirigentes de ese grupo quienes deberían tener la responsabilidad de asignar puestos a los compañeros de partido.
Esa maniobra del PRM ha resultado sólo para alborotar a dirigentes y seguidores, como eslabón inservible de la politiquería clientelar, que en resumen aprisiona a la administración de Luis Abinader y su equipo de ricos empresarios instalados en el Palacio Nacional. Ni una pizca de sentido político en el manejo del Estado, parece ser su característica.
Abundan los pleitos entre senadores, diputados, alcaldes, porque dicen, unos y otros, que esas comisiones de evaluación de empleos del PRM no funcionan.
Ante las quejas desde los cuatro puntos cardinales de la media isla, que les conforman el cinturón de fuerza, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, han tenido que declarar públicamente que están trabajando, para que la membresía sea tomada en cuenta para puestos de trabajo en el Estado.
