SAN TO DOMINGO. El politólogo Freddy Ángel Castro sugirió que el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo pacten la designación de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), donde se elija un perfil que combine la experiencia con la innovación.
“En el caso de la Junta Central Electoral, creo que los dos partidos que ganaron la mayoría senatorial, Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo, deben hacer un pacto político para designar a los miembros de la Junta Central Electoral”, recalcó.
Insistió en que debe combinarse un perfil fuerte, encabezado por personas que dominen el derecho constitucional, el electoral, que conozcan las ciencias políticas y un nuevo escenario donde están las leyes de Partidos Políticos y la del Régimen Electoral.
Significó que la nueva JCE debe encaminar un nuevo proyecto de ley a los fines de que los 21 hallazgos detectados por la OEA, ratificados por UNIORE y la IFES, puedan ser introducidos al Senado para seguir adecentando el sistema de partidos.
“Tenemos que afianzar los controles en los delitos electorales, tenemos que crear realmente una Fiscalía Electoral temprano, a tiempo, con recursos, funcional, con gentes y fiscales expertos en delitos electorales para nosotros seguir protegiendo el sistema democrático de la República Dominicana”, agregó.
Declaración jurada
Castro afirmó que más de 2,500 funcionarios salientes nunca declararon sus bienes, a pesar de estar contemplado en la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio.
Saludó la advertencia del presidente Luis Abinader, de suspender a los funcionarios que no declaren su patrimonio hasta tanto cumplan con el requerimiento o destituirlos si no lo hacen al participar en una entrevista en el programa Esferas de Poder, que produce el periodista Federico Méndez.
“Si usted examina ahora mismo, de los funcionarios salientes, hay más de 2,500 funcionarios que nunca emitieron una declaración jurada de bienes, entonces, el presidente Luis Abinader está mandando una señal clara a sus funcionarios”, acotó.
El experto planteó que el gobernante manda una señal de que necesita saber con qué patrimonio ingresaron los funcionarios a la administración pública, porque en cuatro años necesita rendir un informe al país de quiénes pudieron haberse enriquecido.
Las auditorías
El politólogo consideró que no se les puede solicitar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas que empiecen un proceso de auditorías, porque al tiempo de su nombramiento no le quedan más de tres meses.
Advirtió que para el Estado es prioritario establecer dónde fueron a parar los RD$21,500 millones que el director general de Presupuesto denuncia que se ejecutaron sin soportes.
Entiende que en este tema hay una prioridad que no tiene la misma connotación que hacerle un arqueo a un distrito municipal.
Castro sostiene que hay que determinar qué pasó con los RD$11,500 millones que se contrataron en Obras Públicas para el asfalto y los US$38 millones que Odebrecht alega otorgó en el país sobe supuestos sobornos.
