SANTO DOMINGO. La comparecencia este jueves ante el hemiciclo senatorial del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chú) ha despertado la curiosidad de si será en ese escenario donde los altos funcionarios expondrán “las inmundicias” encontradas en sus respectivas dependencias.
De manera puntual, las expectativas surgen por la experiencia de similar acción llevada a cabo por el fallecido presidente Joaquín Balaguer en su segundo ciclo de gobiernos iniciado en 1986.
La práctica consistió en presentar ante las cámaras de televisión, cada semana, uno de sus funcionarios, para que detallara “las barbaridades” heredadas del cuatrienio anterior, encabezado por el también ya fallecido presidente Salvador Jorge Blanco.
Estas presentaciones fueron conformando un criterio generalizado “del latrocinio” implementado por el mandatario que se presentó ante la población como un político “con las manos limpias”.
Antes de terminar el Show, ya el saliente mandatario y muchos de sus colaboradores, incluyendo al secretario de las Fuerzas Armadas, tenían elaborado un expediente acusatorio que terminó con condenas judiciales.
El propósito básico de escuchar el testimonio de la situación actual de los ministerios, direcciones generales y oficinas del tren gubernamental fue una iniciativa del empresario y senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán.
La resolución, sometida y aprobada en única discusión en la sesión del 9 de marzo último invitaba a los ministros y directores a acudir ante ese organismo para informar cómo encontraron sus instituciones al momento de ser designados.
Al motivar la pieza, Taveras Guzmán hizo referencia a lo que llamó “corrupción generalizada” durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y rechazada de manera persistente por el pueblo dominicano.
Asimismo, expresó que la corrupción no es solo un problema de malversación de fondos de la administración pública, sino también, que esto tiene un efecto mayor, como la vulneración de derechos, destruye el tejido social y daña los mercados.
Taveras Guzmán sostuvo que, de acuerdo al Banco Mundial, la corrupción dominicana se ha llevado entre sus manos cerca del uno por ciento de Producto Interno Bruto (PIB).
La denuncia de Chú
El ministro Vásquez Martínez, denunció que a su llegada al organismo encontró la existencia de programas fantasmas, botellas en diferentes nóminas, así como una supuesta mafia que operaba en algunos viceministerios.
Entre estos últimos enclaves, citó el de Control y Regulación de Armas y Municiones, además del de Gestión Migratoria y Naturalización, en los que se utilizaba una serie de programas fantasmas que nunca existieron y cientos de “botellas”.
Además, dijo haber dispuesto la realización de una auditoría a los procesos que llevaba la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (Coba), donde supuestamente se detectaron acciones ilícitas en la venta de servicios, extorsión, tráfico de influencias y falsificación de permisos, por lo que se desvincularon las 557 personas que trabajaban allí.
“Debo ser claro en cuanto a la eliminación de botellas, aquí había personas que cobraban sin trabajar, en diferentes nóminas, en programas fantasmas, sin tener expediente alguno, unos supuestos becados, voceros y flautistas, lo que significó un ahorro de más de veinticinco millones de pesos”, expuso el ministro al ser invitado a la sesión del Senado.
En el caso del Departamento de Naturalización, reveló el hallazgo de múltiples irregularidades, siendo la más grave la relacionada con procesos de naturalización realizados al margen de la ley, en beneficio de personas que no califican para ser naturalizadas.
Dichos fraudes se realizaban utilizando información falsa, para cuyos fines se cobraba irregularmente, hasta US$45,000.00 por gestión.
En ese sentido, el funcionario ministerial explicó que en los siete meses y medio que dirige el organismo, le ha ahorrado al Estado RD$$246,175,117.68, en los renglones de combustibles, telefonía móvil, marbetes, seguros para vehículos y la eliminación de las botellas.
El laboratorio balístico
Una de las denuncias que más llamó la atención a los medios de comunicación fue el anuncio de haber dispuesto el análisis del contrato de concesión otorgado a una empresa para la construcción y administración del laboratorio balístico que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país, a un costo de más de 22 millones de dólares aportados por el Estado dominicano.
En ese sentido, dijo haber apoderado formalmente a la comisión de abogados designada por el presidente Luis Abinader, para la recuperación patrimonial de bienes del Estado, a los fines de estudio y verificar si ha habido perjuicio económico en contra del Estado y que de ser así, “iniciar todas las acciones legales en procura de terminar este contrato”.
“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió el costo total de esa inversión por US $22,789,920.00 que equivale a la suma de RD$ RD$1,273,956,528.00”, precisó.
Agregó que del total costo de la obra, ya se han pagado aproximadamente US$19 millones, equivalentes a RD$1,062,100,000.00, así como que en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”.
