Desde hace largo tiempo hemos estado oyendo de los “grandes avances” que vive la República Dominicana, en el ámbito de las tecnologías de las comunicaciones.
¡Bravo! El gobierno anterior al que está entrando, se ufanaba de una “república digital” que nunca llegó a escribir como mayúscula inicial. Nunca supimos con qué se comía eso de república digital.
Ahora, encerrado en los pánicos que está generando el paso de la pandemia del virus COVID-19, resulta que una de las carencias de las circunstancias es la que ha estado encerrando eso de república digital.
Nos estuvieron entreteniendo con un caramelo que no era más que un bofe insípido. No había tal avance mayúsculo de las comunicaciones telefónicas y tecnológicas. A pesar de que el país ha estado caminando a la sombra de la burocracia de las Naciones Unidas, en ese como en otros sentidos.
Y a pesar de que los importadores de aparatos telefónicos han hecho su agosto en el seno de la población que tiene estos instrumentos como una necesidad existencial.
Ahora, necesitamos con urgencia extrema de los mentados avances tecnológicos de las comunicaciones virtuales. Más de dos millones de jóvenes y jovencitos y niños no pueden pegarse uno de otros, porque se contagian, enferman y mueren, a pesar de lavarse las manos con jabón de cuaba y usar mascarillas que nadie les suple, sino es en las farmacias y otros lugares, a vulgares sobreprecios. El COVID-19 está arrasando en el país.
Ahora, necesitamos usar comunicación virtual en campos, barrios, pueblos y ciudades, para que esos millones de juventudes puedan junto a sus maestros, atender a la obligación de continuar la educación.
Educación virtual, mediante plataformas tecnológicas, uso de computadoras y, sobre todo, con la disponibilidad forzosa de la telefonía en redes, que debería ser facilitada mediante el uso de frecuencias que por regulación internacional son propiedad del Estado dominicano.
Pero, por muchas vueltas que le den al asunto, la realidad es que el país no tiene disponible las tecnologías que decían tenía. Era la misma falsaria del biberón, chupón, bobo, o chupeta de goma insulsa que metemos en la boca de los bebés para que se entretengan mientras les da hambre y les comen las encías con el crecimiento de la primera dentición.
Real fraude
Las compañías telefónicas, a la cabeza de las cuales está la aplastante y muchas veces insufrible Codetel (Compañía Dominicana de Teléfonos) que es su verdadero nombre, no la marquilla “claro” con la que nos asedia para el fatídico y caro servicio que vende, en un marco de ingentes ganancias y caros impuestos que pagamos los usuarios, no tienen en el país la intercomunicación o conectividad que el país requiere. Y si la tuvieran, no la podríamos pagar, por cara.
No hay la conectividad suficiente en el país para ofrecer la educación virtual. Esa es la triste realidad. Y ahora, no sabemos que hacer para igualar el valor de la enseñanza obligada entre pobres y ricos.
La educación virtual a la que obliga el COVID-19 en todo el mundo, en el país, se está volviendo un disparate.
Está llegando el tiempo de averiguar cuál es el papel del llamado Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en donde un grupo de funcionarios cobra lujosos sueldos y garantías plenas de seguridad social en sus empleos, para sólo servir a las compañías, y nunca a los usuarios.
Seguiremos el hilo de esta desgracia de la no conectividad que imposibilita la educación virtual, haciendo de esta circunstancia una de las consecuencias más graves, en el país, del paso de la pandemia del coronavirus. Sólo la iguala el paso de la muerte segura para quienes caen atrapados en esa alimaña de insalubridad global.
Y vamos a cuestionar la situación de las telefónicas frente a sus responsabilidades sociales. Y la situación de la responsabilidad del Estado frente a las obligaciones que por contrato pone a disposición de esas compañías, las frecuencias de las telefonías.
Deseamos éxito a las autoridades gubernamentales, en esta tarea, que, por ser novicias, no deberán dar su brazo a torcer frente a estas multinacionales. La Constitución de la República Dominicana debe tener un peso específico para que se imponga el máximo de la conectividad requerida. Amén.
