Los ciudadanos siempre esperan que las instituciones del Estado se ocupen de gestionar adecuadamente las funciones para las que han sido creadas. ¿Por qué muchas entidades del sector público dejan de cumplir con su misión y objetivos? ¿Por qué los caprichos, corazonadas e intereses de algunos burócratas gubernamentales terminan sustituyendo los proceso, normas y procedimientos de las instituciones de servicios públicos? La calidad profesional, humana y ética de los que dirigen las agencias públicas, son factores esenciales para garantizar el buen desempeño de éstas.
Las instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas de la Administración Pública, sin excepción, tienen como objetivo principal atender y satisfacer determinadas necesidades de los ciudadanos. ¿Cuáles son las causas que provocan grandes brechas entre lo que deben ser y lo que hacen muchas instituciones del sector público? Por lo general, las organizaciones públicas suelen desnaturalizarse e ignorar su misión, valores y objetivos, cuando sus administradores carecen de experiencia, empoderamiento, empatía y empeño. Personalizar la identidad y el quehacer de las instituciones de servicios públicos, son formas sutiles y cautelosas de corrupción y violación de la ética del servidor público.
Los hechos muestran y demuestran los diferentes medios que emplean los ciudadanos cuando consideran que es oportuno y pertinente reconocer, enaltecer y valorar a los burócratas del sector público que hacen lo correcto y se esfuerzan para concretar las tareas que les han sido encomendadas. Los ciudadanos, también, disponen de otros mecanismos para enjuiciar, descalificar y humillar a los funcionarios públicos que, sin importar sus razones y motivos, actúan de manera deliberada en perjuicio de los intereses y anhelos de sus clientes: los ciudadanos, los que pagan los impuestos.
Un ejemplo fehaciente de lo planteado, fue la posición pública que recientemente asumió la titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), señora Carolina Serrata Méndez, quien en cumplimiento a su responsabilidad solicitó al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) que: “De manera definitiva sea autorizado el Traspaso al Sistema de Reparto a los trabajadores del sector público que tienen el derecho a recibir una pensión por el Estado y están afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), sin embargo no contaban con 45 años de edad al momento de iniciar el sistema de pensiones contemplado en la ley de seguridad social, a junio de 2003”.
Teóricamente, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) es el sensor del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y asiste a todos los dominicanos y residentes legales en el país. Además, promueve, educa, informa, orienta, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En cambio, en los hechos es responsabilidad de la DIDA acompañar a los cientos de miles de servidores públicos que luchan para que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), les reconozca el derecho a pasar del Sistema de Cuenta individual al de Reparto.
Sin duda, la Ley 87-01 privatiza todos los servicios de la seguridad social dominicana. ¿Por qué las AFP de los bancos, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), se oponen a que los trabajadores públicos reciban una pensión del Estado? ¿Es justo que una persona que ha trabajado por más de treinta años en el sector público, luego de cumplir sesenta años de edad, reciba una misera pensión de parte de las AFP?
Muy bien por Carolina Serrata Méndez, titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), cuando dice: “Con requisitos como los actuales se vulnera el derecho fundamental de recibir una pensión a personas que han cumplido con los años de servicios en el Estado y la edad de retiro. Nosotros en la DIDA, desde que llegamos, estamos accionando con estos casos y entendemos que las entidades de la seguridad social estarán haciendo su tarea, por lo que aspiramos que en los próximos días el CNSS resolute en favor de los derechos de estos trabajadores y de todos los que en adelante se vean en la misma situación”,
La directora general de la DIDA asume con gallardía su responsabilidad, cuando llama a todos los trabajadores del sector público que cumplen con los requisitos establecidos para pensionarse, que asistan a la DIDA a formalizar su solicitud de traspaso desde una AFP (Ley 87-01)) al Sistema de Reparto (Ley 379-81). Las autoridades de la DIDA tienen que actuar en función a lo que plantea su misión institucional: “Resguardar el derecho de las personas a la Seguridad Social en todas las etapas de la vida; a través de la promoción, información, educación, monitoreo, ejerciendo la orientación y defensa de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)”.
La coyuntura actual es oportuna para que la DIDA planifique y gestione actividades y acciones que empoderen a la población dominicana sobre sus derechos y deberes mediante la capacitación en Seguridad Social, así como fortalecer la defensoría y Asesoría legal de los Afiliados al SDSS. La titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), debe vincularse y dialogar más con las entidades gubernamentales y de la sociedad civil, que realizan importantes esfuerzos para lograr que el Sistema Dominicano de Seguridad Social garantice el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, así como otorgar pensiones dignas a los trabajadores.
Es ahora cuando las autoridades de la DIDA tienen que jugar un rol más activo y significativo en la defensa de los derechos e intereses de los afiados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. La presencia de la DIDA en es clave en escenarios como: el diálogo multisectorial del presidente Luis Abinader, con el cual se pretende establecer un Pacto Social que revise y reforme el marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social en la República Dominicana y en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, cuyo propósito es modificar la Ley 87-01.
Además, la DIDA debe vincularse con organizaciones no gubernamentales, como la Coalición Nacional por una Seguridad Social Digna, que busca unir a todos los sectores, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos, para rescatar el derecho fundamental y constitucional a la salud, a las pensiones y a la seguridad social. La Coalición, de reciente creación, tiene como demanda principal la creación de un Sistema de Seguridad Social en el que las AFP sean reemplazadas por un régimen de pensiones público, solidario y que garantice por ley pensiones justas y dignas. Estaría muy bien por la DIDA continuar defendiendo en todos los escenarios los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
