Cuatro auténticos legisladores nuestros, venciendo todo tipo de tentación, rechazaron el llamado cofrecito, porque aceptarlo constituye una falta a la ética política, creando así un precedente histórico al cumplir con un compromiso con sus electores.
Tenemos que celebrar esa acción y hacerles sentir que valoramos en su justa dimensión esa conducta de coherencia, de respeto a los principios y de rechazo al uso del poder para beneficio propio. Debemos sentirnos orgullosos, y aplaudirlos en todos los lugares públicos, por considerarlos unos valientes y auténticos representantes.
En las condiciones actuales, y ante una práctica totalmente contraria al reclamo popular y de la opinión pública, no podemos contentarnos con aceptar ese ejemplo de dignidad, como un acto rutinario sino, por el contrario, tenemos que resaltarlo tan alto como podamos, para enrostrarle a los demás su falta de principios y de ética.
En una demostración encomiable de coherencia y responsabilidad frente a sus electores, cuatro diputados renunciaron al Cofrecito. Los primeros en hacerlo fueron Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, secretario general del Frente Amplio, y Mateo Evangelista.
Además, los diputados José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez del Partido Alianza País, considerando que se trata de privilegios que rechaza la población porque es ajena a su función legislativa. Los cuatro pertenecen a partidos emergentes que respetan los principios y escuchan el reclamo popular. Nuestra Fundación propone que les entreguemos un pergamino de reconocimiento.
En el Senado, reconocemos con todo entusiasmo la decisión de una minoría que, a título personal, decidió públicamente rechazar esa práctica. Merecen una mención especial Eduardo Estrella, presidente del Senado, Antonio Taveras, de la provincia Santo Domingo y Faride Raful, del Distrito Nacional.
Mientras tanto, los partidos políticos tradicionales continúan haciendo promesas de campaña para ganarse la simpatía del electorado, para de inmediato abandonar olímpicamente su discurso y compromiso, y trillar el viejo camino de “hacer más de lo mismo”, sin el menor respeto a sus representados.
Sirviéndose con la cuchara grande, los congresistas se han auto asignado partidas millonarias supuestamente para realizar actividades de asistencia social, sin que esa sea su función, ni exista la menor rendición de cuentas, ni tampoco supervisión, ni mucho menos las debidas auditorías sobre el uso de esos fondos públicos.
Un congreso altamente costoso y poco productivo
De acuerdo a un reporte de Diario Libre, “en la Cámara de Diputados, desde agosto de 2006 hasta agosto de 2020, solo por concepto del “barrilito”, fueron entregados RD$1,501 millones a los legisladores”. Además, sin tener que transparentar el uso de esos recursos, en el Senado se han distribuido otros 3,370.4 millones de pesos.
Pero esos privilegios no terminan ahí: disfrutan de dos exoneraciones de vehículos, tienen oficinas tanto en la sede como en su provincia, pagadas por el Congreso. Y, además, reciben 35,000 para gastos de representación, 20,000 para combustibles y 2,000 pesos por acudir a las comisiones, como si esa no fuera parte de su trabajo.
Y, como si todas estas ventajas no fueran suficientes, se aprobaron un plan de retiro pagado por los contribuyentes, que les asegura una pensión de lujo del 85% del salario con sólo haber agotado tres períodos legislativos. Ese privilegio les sale gratis ya que ellos mismos se aumentan los salarios y las dietas.
Como se recordará, la FUNDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS, (FSSPT), envió una carta firmada por 1,319 dominicanos solicitando eliminar el barrilito y el cofrecito, dos prácticas discriminatorias que fueron rechazadas abiertamente por el voto por un cambio real, que llevó al poder a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La Fundación considera que esos recursos deben destinarse a importantes obras sociales como, por ejemplo, iniciar la afiliación de 500,000 trabajadores por cuenta propia quienes, luego de 15 años de vigencia del Seguro Familiar de Salud (SFS), aún permanecen excluidos debido a la conocida mezquindad de las pasadas administraciones. ADS/390/09/06/2021.
