Algunos dominicanos pensaron que, al producirse el cambio de administración el 16 de agosto pasado, inmediatamente se iniciaría una persecución judicial hacia todos aquellos funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que les atribuyen la comisión de corrupción pública en su paso por el poder. En algunos casos, inclusive, hay pruebas.
Pero se impone la prudencia judicial. Nadie pone en duda la firmeza y competencia profesional de Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y del equipo de procuradores adjuntos que les rodea. Se trata, empero, de agotar un proceso investigativo y de reunir las pruebas correspondientes en cada caso particular, para que los expedientes estén bien sustentados.
El gobierno dispuso –a través de la Contraloría General de la República– auditar a todas las instituciones públicas y habría que esperar los resultados. Lógico: la Procuraduría dispone de sus propios mecanismos de investigación, pero cuando los hallazgos de varias pesquisas arrojan efectos similares las eventuales imputaciones se sostienen en argumentos más sólidos.
Se impone la confianza en el Ministerio Público, pues mejor no podía ser la calidad profesional y ética de los miembros de su cúpula.¡Ahora bien! Esas prestigiosas damas podrían hacer su trabajo –tal y como la ciudadanía espera–, pero con esa Suprema Corte no es para crearse expectativas de una seria administración de justicia, pues a esos “magistrados” los designó el Consejo Nacional de la Magistratura para garantizar el blindaje de la impunidad a todos los funcionarios salientes.
Lo único que asegura esperanza de justicia en los expedientes de corrupción, sometidos por el Ministerio Público, es el cambio total o parcial de esa Suprema Corte de Justicia. Lo ideal sería remover el pleno, pero los reglamentos lo impiden.
De todos modos, con cambiar al presidente y a dos o tres magistrados adicionales, podría ser suficiente para alcanzar transformaciones judiciales tangibles en esa alta corte, por lo que le corresponde a Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, dar los pasos pertinentes para que ese organismo se reúna oportunamente e iniciar el proceso.
Sin embargo, hasta la propia conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, podría demorarse. Y es que aún no está definido si la segunda mayoría congresual le corresponde a la Fuerza del Pueblo o al Partido de la Liberación Dominicana, aspecto que podría terminar, para fines de sentencia, en el Tribunal Constitucional. Y esa es una corte que suele demorar bastante el conocimiento de conflictos de esa índole.
En un país donde el Poder Ejecutivo da pasos firmes para la separación de poderes y por el fortalecimiento de las instituciones, para alcanzar una democracia auténtica, los procedimientos no se pueden apresurar, por lo que debemos de dotarnos de paciencia, aunque sin renunciar a la firmeza y al anhelo de justicia contra todos aquellos que sustrajeron recursos del contribuyente y se enriquecieron ilícitamente.
“La demora de la justicia significa injusticia”, dijo Walter S. Landor. Esa injusticia prevaleció durante los 20 años de administración peledeísta, que a pesar de registrarse múltiples escándalos de corrupción pública no hay un solo funcionario público preso.
No se puede pretender ahora que, con autoridades del Ministerio Público que apenas tienen un mes y unos días, se esté apresando gente del pasado gobierno. Es un proceso que conlleva una serie de pasos y uno de ellos es la investigación, la cual debería ser lo más agotadora posible, para poder presentar méritos irrefutables.
“No aticeis el fuego con una espada”, dijo Pitágoras. Demos el tiempo necesario a Miriam y a Yeni para que realicen su trabajo de manera profesional, sin margen de error, pues es lo que aconseja la prudencia judicial.
