SANTO DOMINGO. Si todos los estudios y proyecciones coinciden en que las pensiones serán pírricas para la mayoría de los trabajadores, imagínense cómo serían, si se retirase el 30% del fondo acumulado
La aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permitiría la entrega a los trabajadores del 30% del fondo de retiro acumulado durante 16 años, ha sido calificada como una simple escaramuza del Palacio Nacional para lograr la extensión, por 17 días más, del estado de excepción vigente desde mediados de marzo.
Todo el que conoce el funcionamiento parlamentario, sabe que todos los proyectos son aprobados en primera lectura, como parte de una formalidad, sin la menor garantía de que el mismo será aprobado en segunda lectura. Los proyectos de interés gubernamental, o de los grupos de poder, suelen aprobarse al vapor, en dos lecturas consecutivas en la misma sesión o en la misma semana.
Desde hace varias semanas el diputado Pedro Botello, diputado del PRSC por La Romana, ha promovido su proyecto de ley, una iniciativa calificada por unos como oportunista, y por otros como electorera. Sin argumentos sólidos, y en su afán de llamar la atención, hasta simuló un desmayo, un recurso inaudito e impropio de un legislador.
A pesar de concitar el interés de muchos trabajadores incautos y/o que no valoran los retos de la vejez en un mundo cada vez más longevo, su proyecto recibió muchas críticas de los grupos y sectores más conscientes de la sociedad, por considerar que contraviene el objetivo fundamental de la Ley 87-01, que es asegurar un retiro digno a los trabajadores dominicanos.
La semana pasada, Botello denunció públicamente que el gobierno ofrecía 100 millones de pesos a diputados para obtener los votos que necesitaba para aprobar la ley de emergencia. Y al otro día, él mismo, junto a otros reformistas, votaron a favor, por lo que sus propios compañeros y amplios sectores de la opinión pública lo acusaron de venderse.
Este proyecto, carente de una justificación de peso, constituye un contrasentido. Si, aún sin tocar esos fondos, las pensiones serán insuficientes para la gran mayoría de los trabajadores, cómo serían si, a mitad del camino, se retirase el 30% del fondo. Sería como salir de Guatemala para llegar a Guatepeor.
Fuimos de los primeros en oponernos a esa entrega, afirmando que esa acción causaría un sunami previsional, ya que desataría una inflación y especulación sin precedentes, reduciendo el poder adquisitivo de los propios trabajadores, y empobreciendo, aún más, a las familias más necesitadas. Señalamos que ello equivaldría a liberar el agua de la Presa de Tavera, dañando la agricultura y destruyendo miles de viviendas.
Esta semana ADARS hizo tres importantes señalamientos: 1) los fondos fueron creados para garantizar un retiro de calidad; 2) la entrega del 30% encarecería los precios y debilitaría el peso, obligando a una emisión monetaria del 64%; y 3) no existe la logística que exigiría la entrega de 175,000 millones de pesos en 15 días.
Lejos de debilitar, fortalecer los fondos de pensión
Los fondos de pensiones no deben debilitarse, sino fortalecerse corrigiendo las distorsiones existentes. La única excepción válida de devolución son aquellos casos de derechohabientes en estado de gravedad por una enfermedad terminal, debidamente certificada por médicos competentes.
Los fondos para el retiro son sagrados, ya que constituyen el único recurso con que cuentan los trabajadores para sobrevivir, al retirarse y dejar de recibir un ingreso regular. Son vitales, porque la inmensa mayoría de los asalariados concluye su ciclo productivo sin ninguna propiedad y con escasos ahorros.
Hay que reconocer la valentía y responsabilidad de muchas instituciones populares que no se han dejado embaucar por el espejismo de un alivio inmediato en esta lamentable situación. En particular, a los dirigentes sindicales, quienes se han opuesto señalando que los trabajadores no pueden pagar el costo de esta pandemia, una responsabilidad que le corresponde al Estado. Arismendy Diaz Santana
