Cuando el ex mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez declaró ante la jueza Kenya Romero sobre cómo funcionaba el entramado societario, militar y religioso para perjudicar al Estado dominicano, puso en situación de aprieto y nerviosismo a muchos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las sorprendentes confesiones de Girón Jiménez durante el juicio de conocimiento de las medidas de coerción contra los implicados de la Operación Coral, no solo desbarató los argumentos de inocencia de los implicados, sino que comprometió a otros directivos de instancias militares y policiales.
El ex oficial militar aseguró que la Operación Coral no era nada con lo que estaba sucediendo en otros departamentos militares, dando a entender que, “no son todos los que están, ni están todos los que son”, como bien dice el dicho.
Por lo revelado en su confesión, será en el juicio de fondo que se conocerán más nombres de involucrados en dicho escándalo de corrupción.
Mediante un comunicado público, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas dominicanas reaccionó de inmediato fijando su posición sobre el proceso judicial de Operación Coral que investiga el Ministerio Público, y en referencia indirecta a las acusaciones comprometedoras que emitiera Girón Jiménez.
En ese documento, el máximo órgano militar dio garantías a la población de que las instituciones castrenses son un cuerpo social fundamentalmente sano, y que cumplen con la misión para la cual han sido creadas.
Para desligarse de las acciones negativas de los altos oficiales del Ejército y la Policía implicados en la Operación Coral, el alto mando militar arengó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de que quienes se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no encontrarán cobijo en las filas militares, y tendrán que responder ante la justicia.
El presidente Abinader, independientemente de la libertad de acción que ha otorgado a la Procuraduría General de la República, se desligó igualmente de la persecución anticorrupción que ha liderado el Ministerio Publico contra funcionarios y miembros de instancias militares, asegurando que no recibe informes previos a sus acciones persecutorias.
Ante la gravedad de lo denunciado por Girón, Participación Ciudadana reclamó al Jefe del Estado impulse una reforma integral de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, denunciando además que las cúpulas de oficiales de la FA y la PN exhiben fortunas y estilos de vida que no pueden justificar mientras la mayoría de los subalternos viven en condiciones de precariedad.
Para nadie es un secreto que la corrupción es una realidad en algunos departamentos gubernamentales, en la que están involucrados poderosos jerarcas militares y policiales con poder de mando que, temerosos de ser implicados y perseguidos por la justicia ordinaria, como ha sido el caso de las operaciones Coral, Caracol y Pulpo, serían capaces de cualquier cosa.
El increíble fraude detectado en la Lotería Nacional, a lo que se agrega el apresamiento en Miami del diputado y empresario Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), lanzaron más estiércol a la administración perremeísta.
Ante estos nuevos escándalos, el presidente Abinader, en entrevista con los veteranos periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega, advirtió que el que la hace la paga, sea del partido que sea, y agregó que él tiene amigos, pero no cómplices, por lo que en su gobierno no va a existir la impunidad.
El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, en otro comunicado anunció el establecimiento de mecanismos administrativos para transparentar sus políticas de seguridad y de ejecución presupuestaria.
Independientemente de las importantes reformas que lleva a cabo la administración Abinader, de hacer intentos por eliminar la corrupción y otras actividades ilícitas dentro del tren administrativo, miembros de su partido ya han dado señales de que no están dispuestos a abandonar la mala práctica de sus antecesores peledeístas, hoy en la oposición y con algunos vinculados tras las rejas.
Si bien es cierta que las acciones del Ministerio Público son aplaudidas por toda la sociedad, la población dominicana dentro y fuera del país tiene sus dudas de que estos organismos permanezcan con la independencia que hoy demuestran, en un gobierno diferente a la actual administración.
En ese sentido, el plan de reforma constitucional contemplado por Abinader busca blindar la independencia del Ministerio Público, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, de forma que se garantice en la Carta Magna la inamovilidad y la inviolabilidad de sus independencias.
De los 190 miembros en la Cámara de Diputados, el partido oficialista cuenta con 101 representantes sumado los congresistas de los partidos aliados y 18 senadores de un total de 32, suficientes para intentar lograr los cambios a la Constitución como lo establecen los artículos 269 y 271 sobre la reforma a la Carta Magna y la Asamblea Nacional Revisora.
